Feminicidio, crimen de estado.
Diez comunicación.
Soledad Jarquin Edgar.
El feminicidio es un crimen de Estado, porque las instituciones encarga- das de brindar seguridad han sido rebasadas, y ponen en evidencia la falta de reformas políticas con perspectiva de género, ha seí±alado en varias ocasiones la antropóloga feminista Marcela Lagarde y de los Ríos.
Las cifras son alarmantes, los asesinatos contra mujeres se cuentan por miles en todo el país. Los Estados de México, Veracruz y Quintana Roo tienen las tasas más altas de estos asesinatos que son, por demás, vergonzosos. Ciudad Juárez, Chihuahua, ha sido -por las mimas razones- el caso más emblemático, sin embargo, ya no cabe ninguna duda, estos crímenes ocurren en todo el país y las autorida- des gubernamentales lo siguen permitiendo.
Por increíble que parezca, en Quintana Roo se castiga con cárcel a quien mata a un perro, pero no pasa lo mismo a quién asesina a una mujer, a pesar de las leyes vigente en todo el país. Se ha demostrado — periodísticamente- que no hay personas purgando penas en ninguna cárcel por haber asesinado a una mujer.
La Ley General de Acceso a una vida libre de violencia (2007), establece con claridad en su Artículo 1 que su objetivo es estable- cer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desa- rrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sin embargo, en los hechos, permanecen impunes la mayoría, por no decir todos, los asesinatos que se cometen contra las mujeres. Un caso concreto es el de Sara Ferral Pacheco, indígena maya asesinada en Carrillo Puerto, Quintana Roo, hace un aí±o.
El caso de Sarita Ferral Pacheco, como el de Maricela Escobedo Ortiz, quien fue asesinada el pasado mes de diciembre en pleno centro de la capital chihuahuense, son dos claros ejemplos de feminicidio, crí- menes de Estado, derivados de la falta de justicia para ambas mujeres.
La historia de violencia dentro del hogar en que vivió Sarita Ferral, es una muestra de cómo las autoridades, a pesar de las denuncias interpuestas no actuaron de manera inmediata contra su agresor, quien libre, terminó con su vida, tras esa constante de golpes y amenazas; en tanto que las instituciones violentaron su existencia al hacer caso omiso a sus demandas.
Maricela Escobedo, asesinada a las puertas del palacio de gobier- no de Chihuahua, es también una larga historia de injusticia. Maricela estaba protestando por la falta de justicia para su hija Rubí —también asesinada por quien fuera su pareja sentimental-.
Ambos casos son crímenes de Estado. A pesar de las diferencias que pudieran existir entre ellos, al final tienen un punto de encuentro: la impunidad y la permanente omisión de las autoridades. Una, Sarita, cuando demandó a quien fuera su compaí±ero de vida, el padre de una de sus hijas, por violencia dentro del hogar, una y otra vez, sin que mediara autoridad para evitar el fatal desenlace. El crimen fue cometi- do de forma atroz. Su victimario, no sólo la asesinó, también la violó sexualmente.
La otra, en la lejanía que implica vivir en Chihuahua o en Quin- tana Roo, también fue desoída por las autoridades, que omisas no actuaron en consecuencia y permitieron, sin más, lo que vimos en cadena nacional: un hombre que la perseguía por la calle hasta ases- tarle un tiro en la cabeza y terminar con la existencia de Maricela.
Esta y no otra ha sido la historia de las mujeres asesinadas a lo largo y ancho del país. Entonces, es cuando la sociedad o parte de la sociedad se pregunta ¿hasta cuándo las autoridades actuarán en consecuencia tan pronto una mujer denuncie que es objeto de toda clase de abusos por parte de su pareja? Incluso, hay entidades donde la mediación, entre víctima y victimario sigue empleándose como medida para llevar a ”buen término» una relación quedó totalmente desmoronada, como un cristal roto en cientos de pedazos, sin posibi- lidad de pegarlos.
En tanto, el asesino de Sarita Ferral, Ramón Santos Gómez, no sea detenido y procesado para que pague por su crimen, como ha sucedido con muchas otras de las víctimas, sin duda el mensaje para los hombres violentos será el mismo: el estado otorga el permiso para asesinar y las mujeres de Quintana Roo, como pasa en casi todo el país, no tendrán otra opción que vivir bajo el mismo riesgo de perder la vida como pasó con Sarita Ferral.
Graciela Machuca
