Justicia a la Mexicana
Soledad Jarquin Edgar
En México es común desviar la atención de los problemas fundamen- tales a través del escándalo, el resultado siempre será el mismo: la fal- ta de justicia. Estamos frente una realidad que avergí¼enza a alguna parte de la sociedad. Un cantante acusado de violar a una menor sale libre gracias a la presión del verdadero tribunal de México, el duopo- lio televisivo; en tanto tres indígenas mexicanas, es decir, mujeres invisibles, fueron sentenciadas por delitos que —está comprobado- no cometieron. La justicia no cambia en este país, se sigue vendiendo al mejor postor, Quintana Roo aporta dos ejemplos al espectro nacional de la ignominia.
Ahora resulta que una adolescente es perversa y por ello maquinó toda una serie de mentiras contra un ”famoso» cantante que resultó ser una buena y hasta ejemplar persona, tanto que usó su supuesta creencia religiosa para ganar rating ante el gran público.
También resulta que las autoridades que no cumplen con sus funciones, desprotegiendo a la infancia, se lavan las manos y acusan a los padres y madres de ser pervertidos con sus hijas e hijos por ser liberales y no corregirlos o educarlos de forma adecuada. El Estado, para lavar sus culpas, ignora lo que establece la Convención sobre los Derechos del Nií±o, instrumento internacional que México suscribió, y que por tanto deberían atender todas las autoridades. Es decir, es res- ponsabilidad del Estado proteger a la nií±ez, por tanto debe el Ayuntamiento de Chetumal asumir su responsabilidad frente a la probable violación de la menor por parte de Kalimba, ¿por qué? Por la simple y sencilla razón de permitir que las menores fueran contratadas como edecanes por un empresario o que puedan entrar a un hotel acompa- í±ados de adultos que no eran sus parientes de forma evidente. Por increíble que parezca, a pesar de violentar flagrantemente las leyes mexicanas, estatales y municipales, el empresario Javier Regalado Hendricks ni siquiera fue molestado ni investigado ante la probabilidad de un delito de trata y la discoteca nunca fue clausu- rada. Menos aún el sitio donde presuntamente se cometió el delito, un hotel de esa misma ciudad. Lo que habla de las facilidades que el gobierno otorga para la comisión de delitos tan graves como la trata de personas.
Otra muestra de que el poder del dinero impera, es la fuerza del llamado gran tribunal superior de justicia o Televisa y la corrupción de las autoridades que se mezclan en un escándalo mediático donde son ”sospechosas» las declaraciones de una menor de edad que habría sufrido un ataque sexual ¿por qué? por no gritar, por no hacer ”lo propio» tras el ataque de quién ella consideraba su ídolo, por vestir de manera ”inadecuada» y estar en un lugar no propio y a ”deshoras» para su edad.
Así de simple, el escándalo mediático centró sus miradas en la menor de edad y en su pasado, en su conducta inadecuada, según aquellos que descendieron del árbol que da moras y se dejó en la impunidad un probable e incalificable delito.
El caso fue litigado por ese que ya sabemos es el verdadero tribunal superior de justicia que conforman el duopolio televisivo. Una de la ”abogadas» fue nada más ni nada menos que Laura Bozzo, quien por cierto es conocido fue acusada de utilizar dinero del erario público en su natal Perú, por lo que tuvo que ser arraigada durante varios meses. Pero la televisión todo lo puede. Así Bozzo se convirtió de delincuente peruana a estrella-abogada ”defensora de las mexica- nas» como ella se hace llamar en el canal de las estrellas.
En este país, donde la televisión marca los cánones es asombroso que la gente pretenda juzgar a una menor por cómo se viste ¿acaso no es la televisión comercial —con el permiso del Estado- la que impo- ne la moda? ¿Acaso no son sus ”estrellas» producto de escándalos permanentes y que los fans quieren hacer lo que hacen sus estrellas? ¿Qué tipo de familia proyectan estas televisoras y sus ”estrellas»?
¿Qué ejemplo deben seguir los jóvenes? ¿La ahora trayectoria os- cura de Kalimba? ¿La de la irremediable adicta de Alejandra Guzmán? ¿La de la acusada de corrupción en Perú y ”abogada» Laura Bozzo? ¿El fenómeno Gloria Trevi y su productor Sergio Andrade y el escándalo de corrupción de menores? ¿Los escándalos de las parejas como Ana Bárbara y el Pirru, Niurka Marcos y Juan Osorio-Boby Larios? ¿O del golpeador Armando Manzanero? Pregunto porque no me queda claro nada desde que Kalimba ensombreció la vida de una menor de edad, que pasó de ser la víctima de un delito a una perversa nií±a que lo único que quería era fama, como la han calificado ”los especialistas» de espectáculos, supremos magistrados de la justicia mexicana.
En contraparte, como sucede a otras mujeres en esta entidad, Basilia Ucan Nah, víctima de discriminación, vejaciones y abusos, fue sentenciada a 12 aí±os de prisión acusada de corrupción de meno- res y lenocinio, tras ser sometida a un juicio injusto por delitos que no cometió, como ha demostrado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez e Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y que seí±alan que ”este caso es paradigmático porque constituye un ejemplo más de cómo el sistema de procura- ción y administración de justicia, en vez de realizar investigaciones profesionales y científicas como método para perseguir los delitos, aprovecha la vulnerabilidad de las mujeres indígenas para fabricar culpables y así cumplir con su cuota de trabajo o con la expectativa social de que las autoridades actúen frente a la delincuencia».
Sin duda, estos dos ejemplos son una muestra de cómo la justicia está a la venta en Quintana Roo, lo lamentable es que estos hechos que deben avergonzarnos ocurren en todo el país. En Chihuahua, Maricela Escobedo, asesinada en diciembre pasado, luchaba para que el feminicidio de su hija Rubí Marisol no quedara impune. En Oaxaca, Isabel Almaraz, indígena zapoteca de Loxicha, permaneció en prisión por más de un lustro, acusada de conducir un automóvil donde se habría cometido un secuestro, pero ella ni siquiera sabía manejar, las confesiones fueron arrancadas bajo tortura. Teresa González y Alber- ta Alcántara, indígenas también, purgaron una condena de tres aí±os y medio seí±aladas injustamente de secuestrar a agentes federales… En contraparte, indígenas de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, así como de otras entidades del país, nunca obtuvieron justicia tras sufrir la vio- lación sexual —incluso tumultuaria- por parte de soldados del ejército mexicano, en igual circunstancia de impunidad total está el asesinato de Sara Ferral, ocurrido el aí±o pasado en Quintana Roo. Vergonzoso, pero así es la justicia mexicana para las mujeres.
Graciela Machuca
