Indígenas y ONG exigen cumplir acuerdos contra violencia femenil
(apro).- Mujeres indígenas y activistas chiapanecas pidieron a los gobiernos federal y estatal cumplir urgentemente con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) para poner fin así a las constantes violaciones a sus derechos humanos.
Esta condición de vulnerabilidad, dijeron, se agrava por el contexto de la guerra contra el crimen organizado y la ineficacia de los marcos jurídicos para garantizar seguridad y justicia para este sector.
El Grupo de Mujeres de San Cristóbal (Colem) y el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (Cdmch) denunciaron que el Estado mexicano no ha adoptado medidas pertinentes para modificar patrones sociales y culturales que contienen y reproducen generacionalmente la discriminación hacia las mujeres.
En un ”informe sombra» elaborado para la sesión del Comité de Expertas de la CEDAW, celebrada el pasado 17 de julio en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, hacen referencia a una serie de causas —vinculadas al género y al origen étnico y social de las mujeres— que limitan su acceso a la justicia y el ejercicio de sus derechos
Entre estas causas, seí±alan en el informe ”La situación de discriminación y no acceso a la justicia para las mujeres en Chiapas», está el problema de la pobreza y la falta de autonomía económica que imponen barreras materiales para llegar de sus comunidades hasta las instancias de justicia, pagar un defensor legal, y cubrir gastos vinculados a los casos.
El informe documenta dos casos: El primero tiene que ver con la violencia de género y feminicidio y el segundo, con la falta de acceso a la tierra por parte de las mujeres indígenas y rurales.
”Las instancias de procuración y administración de justicia en Chiapas no cuentan con equipos multidisciplinarios para investigar los feminicidios; no existen protocolos de actuación acordes a los estándares internacionales, ni bases de datos con información precisa sobre las mujeres muertas o desaparecidas», seí±alan.
En lo referente al derecho de las mujeres a la tierra, las leyes en materia agraria no lo niegan; sin embargo, el gobierno mexicano ha permitido a las instituciones y autoridades ejidales o comunales que ejecuten los programas de reparto, titulación y certificación de acuerdo con reglamentos que excluyen a las mujeres de este derecho.
Explican en el informe que la falta de justicia para las mujeres en Chiapas se relaciona también al contexto de inseguridad e impunidad que propicia la reproducción de la violencia e inhibe a éstas en la búsqueda de justicia. Después del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Estado mexicano implementó una política contrainsurgente, que favoreció la militarización, el aumento de paramilitares y grupos de choque.
Así, seí±alan que muchas mujeres han declarado sentirse acosadas y hostigadas por los militares. Incluso se han registrado casos de violación sexual y privación de la vida por parte de militares o paramilitares, como es el caso de las ”Hermanas Tzeltales» (1994), que fueron golpeadas, torturadas y violadas por militares; y la masacre de Acteal (1997), en la que paramilitares violaron y privaron de la vida a 45 personas, mujeres y nií±as en su mayoría.
Este informe documenta también cómo los gobiernos federal y estatal exponen a las mujeres a violaciones de sus derechos humanos al impulsar políticas neoliberales que provocan mayor pobreza y marginación, y que no están encaminadas a transformar las relaciones de dominación-subordinación entre hombres y mujeres que existen en la sociedad.
En este contexto, demandan que el gobierno de México, cumpla con las recomendaciones que el Comité de la CEDAW ha hecho; y en el caso específico de Chiapas, procure la erradicación de la pobreza, la marginación y la discriminación estructural de las mujeres; renunciar a políticas económicas que las colocan en situación de vulnerabilidad y atender urgentemente los efectos negativos de las políticas neoliberales en las mujeres y sus familias.
Piden también la salida del Ejército del territorio de Chiapas y la sustitución de la estrategia militarizada en contra del tráfico de drogas.
Graciela Machuca
