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Fonatur promueve subcontrataciones para BlackRock México

En la sección Medio Ambiente, Turismo sin Fronteras por el 14 agosto 2020 a las 11:12 am

Necesariamente Incómoda

**La indemnización para ejidatarios de Carrillo Puerto a punto de concluir.
**Sociedad civil y expertos cuestionan a Semarnat por reunión a modo.
Graciela Machuca Martínez
Conforme avanza el proceso de licitación e inician las primeras obras de construcción del Tren Maya, empiezan a salir asuntos que debe conocer la ciudadanía tanto de Quintana Roo como del resto del país, ya que al final de cuentas será la que pague con sus impuestos esta obra con la que Andrés Manuel López Obrador quiere pasar a la historia.
Se han generado desacuerdos entre algunas de las empresas que ya obtuvieron tramos de construcción, porque entre la burocracia del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) empiezan a repetirse las usuales prácticas de tráfico de influencias y favoritismo para algunos consorcios, conductas que solo han quedado en el discurso de un país ideal, pero en el México real siguen siendo el pan de todos los días.
Reportes de prensa indican que Raúl Bermúdez Arreola, responsable de FONATUR en Quintana Roo se ha erigido en representante y promotor del consorcio BlackRock México Infraestructura II, que construirá el tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum, por decisión técnica y voluntad del gobierno federal. El anuncio sobre la parte ganadora de la licitación será a finales del mes de agosto, para cumplir con la normatividad, pero el tramo y está asignado, porque la empresa convenció a directivos de Fonatur con una propuesta no solicitada.
Como se ha informado en este espacio el tramo 4 será construido por Ingenieros Civiles Asociados (ICA), empresa consentida durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, bajo el argumento que tiene concesionado el derecho de vía de la carretera Kantunil-Cancún, autopista paralela al trazo del proyecto ferroviario.
Una de las características del tramo 5 es que será el único que se construirá con la modalidad de Asociación Público Privada. Al final de cuentas, la hacienda pública del país terminará pagando con creces el financiamiento de esa obra. Una práctica de gobiernos anteriores que es la causa del gran endeudamiento que enfrenta el país.
A Raúl Bermúdez Arreola, lo señalan de cabildear y presionar para conseguirle subcontratos a BlackRock México en otros tramos, como en el que estará a cargo de ICA.
Tanto FONATUR, como organismo público federal, así como las personas servidoras públicas que allí laboran, están en la obligación de transparentar y rendir cuentas sobre sus acciones, será la única garantía de que en la IV Transformación ya desapareció el tráfico de influencias.
Fonatur difundió el pasado 10 de agosto un comunicado, fechado en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en el que se anunció, que ahora sí, el próximo cumplimiento del pago total de indemnización por la carretera 307, por lo que Lilia González Moreno, Enlace Territorial del Proyecto Tren Maya en el Tramo 6, Tulum-Chetumal, asistió a una reunión con autoridades ejidales de la zona maya de Quintana Roo.
Desde luego que la servidora pública no podía desaprovechar la oportunidad para subirse a la agenda del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pues con el Tren Maya, los pueblos indígenas de Quintana Roo seguirán en la colonización.
“Siempre es un gusto dar buenas noticias y sobre todo celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas comunicando que, como ustedes mismos pudieron atestiguar, la semana pasada estuvimos con un notario público para ejecutar el pago a los primeros dos ejidos, y esta semana terminaremos de cubrir al 100 por ciento el adeudo con los restantes 4 ejidos de la misma manera: ante la fe de un notario público”, dijo González Moreno.
Autoridades ejidales de Felipe Carrillo Puerto explicaron que con este pago “de indemnización se beneficia a más de 2,100 ejidatarios de nuestro municipio”.
A la reunión asistieron autoridades representantes de los ejidos de Xmaben y anexos, Xhazil Sur y anexos, Tres Reyes, Felipe Carrillo Puerto y Chunyaxché.
Se aclaró que el pago “se llevará a cabo con apego a la normatividad del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), y tomando en cuenta las medidas sanitarias establecidas por la Secretaría de Salud”.
El proceso interno concluirá cuando cada uno de los ejidatarios tenga en sus manos sus respectivas indemnizaciones y no se generen inconformidades durante la distribución.
El pasado 7 de agosto, desde Mérida, Yucatán, diversas organizaciones civiles, activistas y académicos enviaron una carta al doctor Víctor Manuel Toledo Manzur, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al ingeniero Juan Manuel Torres Burgos, director General de Impacto y Riesgo Ambiental, a José Luis Bravo Soto, director General Adjunto de Participación y Atención Ciudadana, para manifestar su inconformidad por el formato y condiciones que propuso la SEMARNAT para desarrollar una sola Reunión Pública de Información en el contexto del Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto “Tren Maya Fase 1” el pasado lunes 3 de agosto en la ciudad de Champotón, Campeche, en plena contingencia sanitaria por COVID-19.
Dicha misiva fue suscrita por 49organizaciones, colectivos y asociaciones nacionales; 75 académicos, expertos y profesionistas; y cerca de 200 ciudadanas y ciudadanos.
En el referido comunicado argumentaron su rechazo al formato y condiciones en que SEMARNAT ha convocado y desarrollado una Reunión Pública de Información en el marco del Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto “Tren Maya Fase 1”, “solicitado por el promovente Fonatur Tren Maya SA de CV. Esta reunión fue convocada para realizarse el pasado lunes 3 de agosto en la ciudad de Champotón, Campeche, en medio de la contingencia sanitaria que vivimos actualmente por COVID-19. La correspondiente Manifestación de Impacto Ambiental de la llamada Fase 1 del Proyecto Tren Maya, impacta a 45 municipios de los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Yucatán.
“Sin embargo, SEMARNAT decidió convocar a solamente una Reunión Pública de Información en sólo uno de los 45 municipios, el cual ni siquiera considera una estación ferroviaria, evadiendo la posibilidad de poner el proyecto al escrutinio de la ciudadanía de los cuatro estados involucrados, y en localidades como Campeche, Mérida o Palenque, donde se planean las tres estaciones más importantes del mismo. Por otro lado, organizar una única Reunión Pública de Información en medio de la pandemia por COVID-19 y para un proyecto que abarca una región tan extensa, disminuye la participación ciudadana y aumenta el riesgo de contagio de los asistentes y de los habitantes locales.
“Un desarrollo regional sustentable solo es posible si se basa en políticas verdaderamente participativas, no en simulaciones, y requiere de una evaluación científica de los impactos acumulativos sinérgicos y acumulativos de los proyectos, tomando en cuenta tanto la capacidad de carga territorial, así como las necesidades y conocimientos locales.
“Sin embargo, la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto Tren Maya Fase 1, sólo considera una fracción de la infraestructura ferroviaria del llamado Proyecto Tren Maya, impulsado por el gobierno federal en el sexenio en turno. Esta fragmentación del Proyecto Tren Maya evita la evaluación de los llamados polos de desarrollo incluidos en el Proyecto y omite la integración de los impactos acumulativos y sinérgicos con otros proyectos de gran escala que actualmente se implementan y afectan la misma región incluyendo: más de 30 megaproyectos eólicos y fotovoltaicos, desarrollos inmobiliarios y de turismo masivo, expansión de monocultivos, granjas porcícolas y otros agronegocios.
“Ante este acelerado desarrollo de megaproyectos en la región, en un contexto que amplifica la brecha de desigualdades y vulnerabilidades socioambientales, la participación ciudadana y la exigencia de transparencia son derechos ciudadanos vitales y nos es imperativo señalar colectivamente los procesos gubernamentales que violen su garantía.
“Es necesario mencionar que el número de firmantes respaldando este comunicado es mayor al de participantes en la Reunión convocada por SEMARNAT y que entre los firmantes, están muchos expertos y ciudadanos de la región que será impactada por el Proyecto Tren Maya, cuyas opiniones nunca han sido consideradas. Urgimos a esta dependencia a corregir el rumbo en un proceso tan importante para la definición del futuro de la región biocultural más extensa en México.
“Les exhortamos a cumplir de manera cabal con su misión institucional de constituir una política de Estado de protección ambiental, que revierta las tendencias del deterioro ecológico y establezca las bases para un verdadero desarrollo sustentable en México. Finalmente, también les solicitamos ser coherentes con su discurso de “ciudadanizar la política ambiental del País, con bases éticas, de ciencia y de saberes locales”.
La agrupación que encabeza esta inconformidad es Articulación Yucatán, misma que se define como un espacio de colaboración interdisciplinario a favor del desarrollo regional sustentable. Visualiza los recursos naturales como un bien público y promueve el respeto a los derechos humanos y colectivos. Está conformada por miembros de la sociedad civil, de comunidades locales urbanas y rurales, de pueblos mayas y organizaciones sociales, especialistas, académicos y estudiantes.
Como he sostenido en este espacio y hay otras voces que lo comparten, el Tren Maya, solo es una etapa más del proyecto neoliberal para la Península de Yucatán.

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