Clic Para Compartir

Alejandra Aguirre Crespo, secretaria de Salud de Quintana Roo, envuelta en actos de corrupción en el manejo de presupuesto contra COVID-19

En la sección Salud por el 12 junio 2021 a las 9:38 am

Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez
**Historia familiar de corrupción e impunidad desde la Secretaría de Salud quintanarroense
**Brizuela Guevara defraudó a empresarios y al gobierno estatal con el aval de Aguirre Crespo.
**La Organización Panamericana de la Salud, advierte que en Quintana Roo la pandemia está fuera de control.

En Quintana Roo, el semáforo de riesgo epidemiológico seguirá en naranja del 14 al 20 de junio, pero hay que recordar que solo se trata de un sistema de monitoreo para la regulación del uso del espacio público de acuerdo con el riesgo de contagio de COVID-19. En cada color hay diez niveles de riesgo y como se comporta la enfermedad en la entidad se está por arriba del nivel cinco, es decir asciende hacia el rojo, por lo que en cualquier semana venidera se puede regresar a la fase de mayor riesgo.
Entre los principales factores de riesgo para que los casos de este coronavirus se siga incrementando en la entidad, está la afluencia turística que empezó a incrementarse desde la temporada de Semana Santa, de allí, que mientras otras entidades lograron estar en verde por varias semanas, Quintana Roo, en la mayoría de semanas ha estado en naranja.
Hay otros destinos turísticos en el país y en el mundo que, a pesar de la afluencia de visitantes, han logrado controlar la pandemia, lo que les ha permitido ir reabriendo poco a poco sus actividades, van despacio, pero seguros.
En Quintana Roo no se ha logrado ese manejo inteligente de la pandemia, lo que pone en riesgo tanto la salud pública, como la economía de la entidad, daños que son irreversibles, porque están en juego vidas de personas y la economía de toda una sociedad, la cual tardará mucho tiempo en recuperarse. Los efectos sociales, económicos y políticos por el mal manejo de la pandemia, serán severos para el estado.
De esos daños a la salud pública y a la economía de Quintana Roo hay una persona responsable que hasta el momento no ha dado la cara, se trata de la secretaría de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, quien ha operado la crisis sanitaria a como la ha llevado el viento, en ningún momento presentó un plan para atender la contingencia, solo se ha dedicado a favorecer los negocios de quienes le ofrecieron ayuda al gobierno del estado, pero porque vieron una oportunidad de quedarse con presupuesto público, sin tener la capacidad técnica ni financiera para prestar los servicios requeridos.

ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO PODRÍA IR A LA CARCEL POR NO CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN DE ATENDER LA PANDEMIA DE MANERA EFICIENTE

Hay que recordar que Alejandra Aguirre Crespo, por ley, tiene la obligación de atender la contingencia sanitaria con eficiencia, porque en sus manos está la salud de la sociedad quintanarroense y de los millones de visitantes que llegan a la entidad. Ella, al rendir protesta del cargo de secretaria de Salud, se comprometió a respetar las leyes y las constituciones estatal y federal y en caso que no lo cumpla, la misma norma establece que tendrá responsabilidades administrativas y penales.
Luego del resultado de las elecciones del pasado 6 de junio en la entidad, Aguirre Crespo podría estar a un pie de pisar la cárcel, porque de ganar la gubernatura MORENA, tiene que cumplir sus postulados como el de no mentir, no robar y no traicionar y si en Quintana Roo se han ido a la cárcel gobernadores, no es descabellado dibujar escenarios de que el nuevo gobierno empiece a responsabilizar del mal manejo de la pandemia a las personas servidoras públicas que tuvieron en sus manos las acciones de gobierno, las políticas públicas y principalmente el presupuesto.
La forma en que se ha atendido la crisis sanitaria por el coronavirus en Quintana Roo ya es de preocupación por organismos internacionales y regionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), tan es así que el gerente de Incidente para el COVID-19 de la OPS, Sylvain Aldighieri, alertó que cuatro entidades mexicanas “registran un incremento en el número de contagios, lo que hace necesario acelerar la vacunación y reactivar las medidas sanitarias en estos estados para contener la pandemia”.
Entre estas cuatro entidades se encuentra Quintana Roo, así como Baja California Sur, Tabasco y Yucatán, además, enfatizó que “en que los estados turísticos de México requieren de una evaluación precisa por sus condiciones de conexión nacional e internacional”.
Por ello advirtió que para revertir la curva epedémica “se debe vacunar en el más corto tiempo posible… la cobertura actual de 25% de los adultos debería de aumentarse de manera importante”.
Además, expuso que la variante C-37 detectada en Perú y Chile, donde incrementó su transmisión durante los últimos tres meses, “ha sido detectada en México”, a pesar de que aún no es clasificada como “variante de interés o preocupación”.

EXISTEN EVIDENCIAS PARA FINCARLE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y PENALES A LA SECRETARIA DE SALUD

Tanto la Fiscalía General de la República (FGR), como la fiscalía estatal, así como las contralorías, tienen las evidencias para demostrar que el desempeño gubernamental para el manejo de los recursos destinados al control de la pandemia no han sido utilizados eficientemente e incluso se han manejado de manera irregular.
No solo a los organismos internacionales de salud pública les interesa lo que pasa en Quintana Roo, por las conexiones internacionales y nacionales que tiene, sino a la sociedad que paga sus impuestos y la cual ha puesto a las víctimas mortales y a los demás enfermos, a esa sociedad quintanarroense que le ha tocado sufrir desempleo, pago de servicios médicos, desplazamiento forzado y violaciones a derechos humanos como los de la salud y el trabajo.
Desde luego que las observaciones de la Organización Panamericana de la Salud no tienen el contexto que muchas de las deficiencias en la atención a la pandemia en Quintana Roo se deben a la negligencia, a la corrupción y a la impunidad, porque muchos de los servidores públicos del pasado, malversaron fondos públicos y hasta el momento no han pagado con cárcel o de manera administrativa sus malos manejos, uno de ellos, es precisamente el esposo o ex esposo de la actual secretaria de Salud.
Se trata del doctor Saul Badillo Perry, quien en el año 2011 fue cesado del cargo que tenía en la Secretaría de Salud, por encontrársele responsable de haberse echado a perder 65 mil vacunas, debido a que este servidor público no puso en marcha las campañas de vacunación en tiempo y forma que se requerían para usar el biológico, por lo que el número de enfermos y muertos por esta enfermedad de transmisión por vectores.
En los tiempos de Roberto Borge, Badillo Perry, formó parte del grupo cercano del gobernador, por lo que fue involucrado en operaciones financieras ilícitas, según información de la Fiscalía General del Estado, instancia que realizó investigación sobre las actividades de 17 personas del círculo cercano del gobernador ahora encarcelado.
Pasó el tiempo y el nombre de Saul Badillo fue desapareciendo de las investigaciones de la Fiscalía, a partir de que su esposa, Alejandra Aguirre Crespo tomó posesión como Secretaria de Salud de Quintana Roo.
Pero un hecho que debe ser tomado en cuenta por la Organización Panamericana de la Salud para que sus expertos se expliquen el fracaso de la campaña Anti Covid-19 en Quintana Roo son los actos de corrupción que se han presentado entre 2020 y 2021 con presupuesto de la misma Secretaría de Salud, por lo que ningún presupuesto será suficiente si en lugar de invertirlo adecuadamente se alientan actos de corrupción como en los que incurrió un personaje, quien presume su cercanía con el gobierno del estado, pero Aguirre Crespo se encarga de darle la razón cuando le autoriza a él y a su esposa contratos directos por más de 244 millones de pesos.

JORGE BRIZUELA GUEVARA DEFRAUDÓ A EMPRESARIOS CON LAS CARPAS COVID, AHORA LOS AMENAZA DE MUERTE

Este personaje es nada más ni nada menos, que Jorge Brizuela Guevara, a quien se le conoce en el mundo de la política quintanarroense como “El Venezolano”, se dice gran amigo del gobernador, así como asesor y socio de otros políticos y empresarios de la región, quien junto con su esposa ha sido beneficiado con recursos públicos destinados al control de la pandemia, pero que él se embolsó en contubernio con la secretaria de Salud, mientras que convenció a empresarios que invirtieran en la instalación de las carpas Covid y desde hace meses se niega a pagarles, pero el gobierno del estado ya le entregó el dinero.
Entre los empresarios defraudados, con el conocimiento de la secretaria de Salud, está Jorge Marzuca, Omar Macías y Víctor Salas, quienes presentaron formal denuncia por amenazas de muerte y fraude contra Brizuela Guevara y su esposa Vanessa Lizeth Vargas Flores, a quienes el gobierno del estado de Quintana Roo les asignó de manera directa contratos por más de 244 millones de pesos en el año 2020 para instalar cuatro carpas Covid.
Uno de los objetivos de incrementar el número de camas hospitalarias con y sin ventilador, fue contar con el mayor número posible, para que a la hora que el gobierno federal hiciera la evaluación estadística de camas ocupadas, tuvieran un amplio margen de camas sin utilizar, ya que uno de los criterios para ir descendiendo en el semáforo es que el número de camas disponibles.
Por ello, la secretaria de Salud estatal gestionó recursos para ampliar el número de camas, pero sin cumplir con la normatividad de asignación directa de contratos, dicho presupuesto se le asignó a Brizuela Guevara y Vargas Flores, a través de una empresa que fue registrada en el padrón de proveedores, meses después de que se le otorgaron los contratos. Lo más grave es que esa empresa no tiene la experiencia técnica para operar, por su reciente creación, pero al gobierno estatal, por medio de la secretaria de Salud, eso no les importó, porque al fin de cuentas se trataba de un negocio entre amigos.
Los hechos están documentados en la carpeta de investigación 270/2020 de la fiscalía estatal, pero los empresarios defraudados, siguen en espera que su caso se judicialice, a pesar que los hechos fueron denunciados desde el último trimestre de 2020, la investigación lleva paso de tortuga.
Incluso, uno de los empresarios decidió retirar su equipo de las carpas Covid, porque no le han pagado, pero la esposa de Brizuela, tuvo el apoyo de la policía estatal, para retener un equipo que no es ni del gobierno del estado ni de Brizuela y familia, porque no lo han pagado.
Los empresarios ya se cansaron de pedir la intervención de la secretaria de Salud y de otras personas servidoras públicas del gobierno del estado, pero nadie tiene autoridad para obligar a Brizuela que pague los servicios que subcontrató, con el aval del gobierno del estado, en donde sabían muy bien que no tiene ni la experiencia técnica, mucho menos la solvencia financiera.

Deja un comentario