Desprotección institucional de las mujeres; el 99.7% de los casos de violencia sexual no se denunciaron durante 2021
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
**La cifra negra sobre violencia sexual creció a 99.7 en el segundo semestre de 2021, mientras que en el mismo periodo de 2020 fue de 98.6.
**Sinaloa, séptimo estado que aprueba en México la interrupción legal del embarazo a partir de la semana XIII de gestación.
La estadística victimológica es un instrumento que, si se utilizara adecuadamente en México, permitiría un diseño y elaboración de políticas públicas idóneas para terminar con la violencia contra las mujeres, sin embargo, las instancias gubernamentales ponen en duda la eficacia de las metodologías, solo como pretexto para no tomarlas en cuenta, a pesar, que, por ejemplo, lo poco que hace el INEGI en la materia es tomado como referente en muchos países de América Latina.
A estas cifras se les puede restar importancia, pero en las diferentes entidades del país respiramos, palpamos y sentimos las historias de dolor de las familias de víctimas de feminicidios, conocemos a mujeres víctimas de violencia sexual, nos encontramos en la calle a las hijas e hijos de esas mujeres asesinadas por su pareja, vemos los ojos de madres, hermanas, hijas, de esas mujeres asesinadas solo por ser mujeres.
Las estadísticas, las historias de dolor, los sentimientos, las emociones que se generan en torno a la violencia contra las mujeres deben ser conjugadas para que como sociedad despertemos y seamos las artífices de acciones de gobierno, creadoras de políticas públicas, porque ya basta que después de unas elecciones se le entregue el destino del municipio, del estado y del país a una clase gobernante que lo único que quiere es defender sus intereses político y económicos.
Un análisis realizado por la organización México Evalúa concluye que casi 5 millones de mujeres fueron víctimas de delitos sexuales durante el segundo semestre de 2021. Esto significa un aumento de 0.8 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior.
El 99.7% de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 18 años de julio a diciembre de 2021, no fueron denunciados. En 2020, la cifra negra era de 98.6%.
Entre las ciudades que cuentan con un porcentaje muy cercano al 100% de cifra negra en delitos sexuales se encuentra Mérida, Yucatán, al lado de Tlaxcala y Tampico.
La organización reconoce el vacío estadístico sobre delitos sexuales contra mujeres, pero reconoce la importancia de este ejercicio por varias razones.
Primero, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que es el instrumento de medición que calcula la cifra negra para la mayoría de los delitos de manera periódica, se publica en septiembre y toma como referencia el año inmediato anterior, por lo que transcurren varios meses (o incluso un año) antes de su difusión.
Además, el Inegi clasifica a la cifra negra de delitos sexuales como “otros delitos”, y no se desagrega por cada uno de ellos, por ejemplo, el delito de violación tiene una menor cifra negra que el hostigamiento o intimidación sexual y esto no se ve reflejado en sus estadísticas.
Dado lo anterior, y ante la necesidad de detallar durante el Día Internacional de la Mujer el contexto de la violencia sistémica y estructural en contra de nosotras y la forma en que se invisibiliza, analizamos las dos fuentes públicas con las que contamos en México, los datos del SESNSP y de la ENSU.
México Evalúa estableció que según la ENSU, casi 5 millones de mujeres mayores de 18 años sufrieron algún tipo de violencia sexual durante el segundo semestre de 2021.
Los datos del SESNSP del 2021 reportan una proporción minúscula de la incidencia delictiva real. Para los delitos de hostigamiento/acoso sexual y abuso sexual, la cifra negra alcanza el 99.9%, es decir, 0.6 puntos porcentuales más que lo reportado el año anterior para el mismo periodo.
Entre julio y diciembre de 2021 se dieron a conocer 5,872 carpetas de investigación a nivel nacional por el delito de violación, mientras que la ENSU estima que 371,252 mujeres fueron víctimas de este delito durante el mismo periodo. Esto significa que en el 97.3% de los casos de violación no hubo una denuncia o no se inició una investigación. El año pasado la cifra fue de 96.4%
En Tlaxcala (Tlaxcala), se iniciaron únicamente dos carpetas de investigación por casos de violación entre julio y diciembre de 2021. Según la ENSU, hubo 3,391 mujeres víctimas de este delito durante el mismo periodo. Representa una cifra negra muy cercana al 100% y encabeza esta lista por tercera vez consecutiva.
En Mérida (Yucatán) cerca de 15,366 mujeres fueron víctimas de abuso sexual entre julio y diciembre de 2021. Sin embargo, se abrieron apenas 11 carpetas de investigación durante el periodo mencionado. Esto implica una cifra negra de 99.9%.
En Tampico (Tamaulipas), 4,748 mujeres fueron víctimas de violación entre julio y diciembre de 2021. Sin embargo, se iniciaron apenas 19 carpetas de investigación por este delito durante el mismo periodo. Esto representa una cifra negra de 99.6%.
Es importante recalcar que las dos fuentes de información con las que se cuenta actualmente en el país retratan de manera parcial la inseguridad y la violencia sexual que vivimos las mujeres. Tomando como base el diagnóstico que nos otorga una fuente o la otra, se diseñan políticas públicas radicalmente diferentes, y eso es un problema, advierte México Evalúa.
SINALOA, SÉPTIMA ENTIDAD EN APROBAR LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO
Este ocho de marzo, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó reformas a diversas leyes locales que permiten, de manera libre, la interrupción legal del embarazo hasta la semana número 13 de gestación, con lo que esa entidad del norte del país se convierte en la séptima en reconocer este derecho de las mujeres.
Con estas reformas legislativas se estableció que la interrupción del embarazo en las instituciones públicas del sector salud será un servicio gratuito.
De igual manera se garantiza que “las instituciones públicas de salud están obligadas a garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal médico y de enfermería suficiente de carácter no objetor para asegurar que se preste la atención médica en la mejor de las condiciones posibles”.
Sin embargo, se señala que comete el delito de interrupción del embarazo la mujer o persona gestante que finalice de forma anticipada el proceso de gestación, después de la décima tercera semana.
Además, se considera persona gestante quien teniendo una identidad de género diversa a la de mujer, su cuerpo posee la capacidad de gestar.
A la mujer o persona gestante que interrumpa el embarazo después de las 13 semanas se le impondrá una amonestación, de uno a tres meses de medidas integrales, mismas que corresponderá decretar a la autoridad judicial y podrán ser en materias de salud, educación o de cualquier índole, tendientes a la protección y orientación social de la persona sancionada.
Asimismo, a la persona que apoye a interrumpir el embarazo después de las 13 semanas se le impondrá de veinte a cincuenta días de trabajo en favor de la comunidad o de doscientos a setecientos días multa.
De igual manera se establece que “comete el delito de interrupción forzada del embarazo, la persona que mediante cualquier medio y en cualquier momento produzca o practique la finalización anticipada del proceso de gestación a la mujer o persona gestante sin su consentimiento. El delito de interrupción forzada del embarazo podrá ser sancionado en grado de tentativa”.
La normatividad penal adicional a este reconocimiento deberá ser analizada jurídicamente desde el enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, una tarea que requiere la participación de todas. Se espera que en los próximos días sea publicada en el Periódico Oficial de Sinaloa para que entre en vigor.
Graciela Machuca
