Una niña y un niño, entre las víctimas mortales por la violencia con la que se gobierna en Quintana Roo
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
Las autoridades estatales de Quintana Roo no han mostrado preocupación alguna por las cifras de la incidencia delictiva que aumenta con frecuencia en los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a pesar que estos reportes estadísticos son instrumentos de trabajo para que los gobiernos de los tres niveles los tomen en cuenta para diseñar sus política públicas y acciones de gobierno en materia de seguridad pública y de prevención del delito en particular.
Durante el mes de abril del 2023, Quintana Roo ocupó el segundo lugar a nivel nacional por obtener una tasa de 6.84 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, mientras que Yucatán, por ejemplo, tiene una tasa de 0.73 y Campeche 2.15.
De enero a abril, la misma fuente a documentado que en Quintana Roo se registraron 532 homicidios en Quintana Roo (206 dolosos y 326 culposos). En el mismo cuatrimestre se abrieron seis carpetas de investigación por el delito de feminicidio.
Sin embargo, escuchamos los discursos de la gobernadora Mara Lezama Espinoza, de sus colaboradores e integrantes del congreso del estado, y nos percatamos que están hablando de otro Quintana Roo, no de esta entidad que a diario tiene casos de asesinatos de parte de la delincuencia organizada, que no solo son por el llamado ajustes de cuentas, sino de personas quintanarroenses que se niegan a ser extorsionadas y como castigo les quitan la vida o les destruyen su patrimonio.
Como están ocupadas en sus proyectos electorales, hasta el momento, si la presidenta municipal de Solidaridad, Lilli Campos y la gobernadora Mara Lezama, se han pronunciado por el horrendo crimen del asesinato de una niña en el famoso e internacional Playa del Carmen.
El 12 de junio un ataque armado dejó como resultado el asesinato de una niña de diez años y con lesiones graves a su madre. Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Villas del Sol en donde se cruzan las avenidas Azulejos y Costureros.
De acuerdo a testigos, madre e hija, salían de un establecimiento comercial cuando dos individuos a bordo de una motocicleta les dispararon.
Según los informes de los testigos, el hecho se produjo cuando madre e hija abandonaban un establecimiento comercial y dos individuos a bordo de una motocicleta las embistieron con disparos. La niña murió en el lugar y la madre fue trasladada a recibir atención médica en un hospital cercano.
A pesar de la magnitud de los hechos, las autoridades estatales y municipales siguen su vida en medio del espectáculo, de la pasarela y las selfies.
La tarde de este martes 13 de junio, también en Playa del Carmen, fue baleado el Bar Acuario, resultando lesionado un guardia de seguridad.
Dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron al establecimiento, ubicado en la Avenida 40, con Calle 4 Norte, uno de ellos disparó y lesionó al guardia que se encontraba en el acceso principal.
Mientras que en Cancún, el lunes 12 de junio, alrededor de las siete y media de la noche en la colonia Santa Cecilia, otro menor de edad, fue víctima de la delincuencia que azota a toda la entidad quintanarroense.
El adolescente conducía un mototaxi cuando fue baleado, por lo que perdió la vida en el lugar, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Fue identificado como José “N”. Paramédicos llegaron al lugar, pero solo para confirmar que ya no tenía signos vitales.
Desde luego que ni la gobernadora, ni la presidenta municipal, Patricia Peralta, se preocupan del dolor y duelo de esta familia, quien tuvo la necesidad de permitir que un niño trabajara manejando este vehículo, exponiéndose a riesgos que lo llevaron a ser asesinado.
En una entrega anterior, dimos a conocer el Índice de Estado de Derecho en México, que evidencia la falta de avances sustantivos en la mayoría de las entidades del país.
Este informe elaborado por la organización internacional World Justice Project, documenta que Quintana Roo, Ciudad de México y Guerrero son las entidades con el menor nivel de apego al Estado de Derecho en el país, con notas de 0.36 en los tres casos, esto en una escala de 0 a 1, donde 1 indica la mayor adherencia al Estado de Derecho.
El organismo considera que pese a que en los últimos cinco años México “ha mostrado avances en materia de limitantes al poder y transparencia, no pasa lo mismo cuando se habla de temas como el respeto a los derechos humanos y la justicia penal”.
El índice se calcula con la evaluación de rubros como los límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
Graciela Machuca
