PELIGRAN APICULTORES MAYAS
Por Mario Morales Cruces > Quequi
Quintana Roo todavía permanece vulnerable a la amenaza de los transgénicos, ya que no existe ninguna medida precautoria que suspenda el permiso de sembrar soya ”roundup ready» de Monsanto, entregado por el Gobierno Federal en 2012, mismo que continúa vigente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tan sólo dejó insubsistente esta autorización en Bacalar y Othón P. Blanco, y sólo en tanto se realiza una consulta pública sobre el tema.
Los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas, al igual que el resto de la entidad, continúan en la indefensión, pese al peligro de que estos organismos genéticamente modificados (OGM) contaminen la producción de miel orgánica, lo que la dejaría fuera de la Unión Europea, su principal mercado.
En días pasados, la Segunda Sala de la SCJN resolvió dos recursos de revisión interpuestos en contra de un fallo del sexto juzgado de distrito, en Chetumal. En su sentencia, que todavía no ha sido publicada, se ordena realizar una consulta en un plazo de seis meses, en cuatro comunidades de Bacalar, en tanto que se suspende el permiso de Sagarpa, pero sólo en Bacalar y Othón P. Blanco.
”Todavía no tenemos el fallo, no lo puedo asegurar, pero me parece que los jueces no tenían certeza si las comunidades querellantes estaban en Bacalar o no, por ser municipio nuevo, por lo que prefirieron suspenderlo en dos», explicó Raymundo Espinoza Hernández, abogado integrante de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA).
”En teoría, ahora la soya tolerante al glifosato es ilegal en esos dos municipios, lo que es positivo; sin embargo, es sólo mientras se realiza una consulta, que ni siquiera es vinculante», aí±adió. ”Lo que eso significa es que si todas las comunidades dijeran que no quieren el permiso, no es determinante. Finalmente es la autoridad, la misma que ya entregó el permiso, la que decida si sigue siendo válido.»
En opinión de los ambientalistas, el derecho de consulta, así como lo está aplicando el Gobierno Federal no sólo con los transgénicos en Yucatán y Campeche, sino con proyectos hidroeléctricos y mineros, es sólo un formalismo, un trámite que realizan y que carece de importancia, pues la decisión final la siguen tomando ellos.
Pero eso no es todo, sino que esta suspensión temporal sólo afecta al sur de Quintana Roo. El permiso de soya transgénica, por tiempo indefinido, aún es válido en la mayor parte del estado. Estas comunidades firmaron documentos de respaldo, los que tienen valor político o moral, pero no jurídico.
”Lo que debieran hacer es interponer amparos, no sólo por el tema de consulta, sino para exigir la anulación del amparo», seí±aló el abogado.
”Nosotros nos inconformamos contra toda la sentencia, porque el juez admite que estos productos son nocivos, que afectan a comunidades indígenas, pero sólo se centra en la consulta, hecho de una manera que sólo legitimiza este proceso. No pedimos que se hiciera una consulta, sino que se anule el permiso», aseveró.
Por lo pronto, las comunidades indígenas de Bacalar están a la expectativa de ser notificadas.
”Lo primero que debe suceder es que formalmente salga la sentencia. Los jueces ya votaron, pero falta que lo fundamenten por escrito, lo que se llama el engrose de la sentencia, que tardará unas tres semanas. Posteriormente se envía esta sentencia al juez sexto de distrito en Chetumal, quien queda a cargo del caso. í‰l notificará a las partes, incluido a Monsanto.
Es de destacar que esta transnacional ha sido una parte activa del proceso desde su inicio, al grado que lograron que se rechazara un primer juicio, además de dilatar el segundo, que fue resuelto por el juez de Chetumal, pero impugnado ante el Tercer Tribunal Colegiado de Cancún y de ahí a la Suprema Corte.
Sin duda también estarán al pendiente del proceso de consulta en las cuatro comunidades de Bacalar, todavía a realizarse por las autoridades.
”Las cosas se pondrán calientes porque allá también hay comunidades de menonitas, que son quienes reciben semilla de Monsanto y estarán a favor de los transgénicos», indicó el abogado.
La estrategia, adelantó, es dilatar lo más posible la consulta, pues aunque se seí±ala que deba realizarse en seis meses, existen muchas circunstancias que retrasan el proceso. En Campeche, apenas van en la primera de cuatro fases, después de aí±o y medio de consulta.
La Unión Europea seí±ala que cualquier producto que tenga contenido transgénico tenga un distintivo que así lo seí±ale. La miel quintanarroense, de tener que marcarse como ”transgénica», sería imposible de vender, por lo que se cerraría el mercado donde se destina el 80% de su producción.
El resultado sería catastrófico para estas comunidades rurales, pues este producto difícilmente puede colocarse en el mercado nacional, debido a su alto costo.
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Graciela Machuca
