Federación retrasa llegada de recursos para el combate al narcomenudeo Lizbeth Song.
Raúl Santana.
No hay respuesta y mucho menos una fecha exacta para cuando el gobierno federal envíe el recurso millonario a Quintana Roo para que se comience a trabajar en las reformas de ley para la lucha frontal contra el narcomenudeo, el cual ya pasó a ser competen- cia de cada uno de los estados del país, seí±aló la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Lizbeth Loy Song Encalada.
El 21 de agosto pasado, debieron entrar en vigor las reformas realizadas al Código de Procedimientos Penales y a la Ley de Salud del estado a objeto de que la entidad quede facul- tada para atender los casos de narcomenudeo.
Dichas reformas no fueron aplicadas en la entidad tras un amparo legal de Quintana Roo contra la federación, ya que las instancias encargadas de aplicar y procurar la justicia en la entidad se manifestaron sin presupuesto para poder aplicar- las, aunque para ello pasó un aí±o pues en un inicio, un aí±o antes fueron aprobadas por el Congreso de la Unión.
Pasaron ya casi cinco meses, y la federación no etiquetó un presupuesto especial. ”Se ha solicitado el recurso pero no hay respuesta por parte de la federación de cuando nos enviará los recursos, tenemos hasta agosto del 2012 para que Quintana Roo comience aplicar la ley», explicó Song Encalada.
La magistrada presidenta mencionó que es poco el tiempo que se tiene para poder construir la infraestructura y capacitar al personal que estaría avocado a ese rubro, en ese sentido la Pro- curaduría de Justicia de Quin- tana Roo espera la asignación de 400 millones de pesos para su ejercicio presupuestal 2011, lo cual significa un aumento de 80 millones de pesos respecto a 2010, con el propósito de hacer frente a las nuevas obligaciones que impone a los estados la reforma al artículo 474 de la Ley General de Salud que los manda- ta a encargarse de los casos de narcomenudeo.
Cabe recordar que la Procu- raduría General de la República (PGR) interpuso una acción de inconstitucionalidad contra el Congreso de Quintana Roo y el gobernador al haber pospuesto el acatamiento de dicha reforma realizada por el Congreso de la Unión en agosto 2009.