Cuestionada actuación del Instituto Electoral de Quintana Roo, del 7 de julio
En clara muestra de la corrupción que impera en el funcionamiento del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) presidido por Jorge Manríquez Centeno, el organismo electoral que se supone debe ser garante del respeto a la Ley Electoral vendió a una publicación deportiva de Cancún la encuesta de opinión sobre preferencias electorales de los quintanarroenses levantada por el diario POR ESTO!, con la dolosa intención de darle uso indebido como propaganda a un estudio estadístico que se realizó solamente con fines informativos.
Fue una acción claramente premeditada y dolosa de miembros de la Junta General y el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, pues ellos eran los únicos que tenían en su poder ejemplares de la encuesta, después de que fue entregada en tiempo y forma por la empresa Publicidad Impresa del Sureste, responsable de la edición del diario POR ESTO!, al cumplir con los lineamientos para la publicación de sondeos de opinión, mismos que obligan a las empresas que las realizan a entregarlos al organismo electoral tres días antes de su publicación, supuestamente para conocimiento y verificación de su metodología; pero lo sucedido demuestra que se trata sólo de una argucia para dar uso político al resultado de estos ejercicios estadísticos, según la conveniencia de los mandamases del Instituto Electoral.
Con este acto, Jorge Manríquez Centeno, presidente de la Junta General y del Consejo General del Ieqroo, dio una muestra de corrupción en el manejo de las encuestas de opinión que se entregan a ese instituto, y también de una ilegal intervención en la competencia política del proceso electoral 2013, por el uso indebido como propaganda política que se quiso dar a los resultados de la encuesta levantada por el diario POR ESTO!, lo que a todas luces demuestra la falsedad del discurso de supuesta legalidad e imparcialidad que a cada rato pregonan los consejeros electorales.
Asimismo, la acción ilegal del Ieqroo sienta un grave precedente sobre el manejo corrupto que el instituto realiza con las encuestas de opinión y de intención del voto que cualquier empresa, persona física u asociación civil les entrega por obligación de ley, pues a partir de ahora ninguna encuestadora está segura de que sus resultados no serán vendidos por el organismo electoral de Quintana Roo al mejor postor o a cualquier publicación impresa para que los difunda sin autorización de quien la elaboró, además de permitir que las publiquen empresas que no cuentan con registro legal para eso ni respetan los trámites y tiempos que marca la Ley Electoral para dar a conocer encuestas sobre preferencias políticas.
Con un corrupto Instituto Electoral como el de la entidad, las personas físicas, empresas y asociaciones civiles que realicen encuestas en Quintana Roo están en riesgo de ver su trabajo estadístico vendido por la propia autoridad electoral al mejor postor, aprovechándose de una Ley Electoral que establece restricciones excesivas y censatarias para la libertad de levantar y difundir sondeos de opinión sobre las preferencias políticas de los ciudadanos.
Para poder levantar una encuesta, las personas físicas, las empresas o las asociaciones civiles tienen que realizar un trámite de registro ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, que resulta tedioso y costoso por la obligación de validar notarialmente los documentos que se deben presentar; pero por la corrupción del Ieqroo, ahora cualquier encuesta que se le entrega al organismo es vendida al mejor postor.
Además de la empresa Publicidad Impresa del Sureste, responsable de la edición del diario POR ESTO! de Quintana Roo, otras empresas y asociaciones que cumplieron ante el Ieqroo el trámite del registro para levantar encuestas sobre preferencias electorales son: Parametría; Buendía y Laredo; Institución de Mercadotecnia y Opinión (IMO); Democtecnia; Consulta Mitofsky; la persona física José Segoviano Martínez; BCG, Ulises Beltrán y Asociados; Dinamia Consultores; Bufete de Proyectos, Información y Análisis; y Aplicación de Estudios de Opinión Pública; de los cuales una buena parte también se registró para realizar encuestas de salida el día de la jornada electoral.
Pero ahora ninguna de estas personas, empresas y asociaciones tiene garantía de que su encuesta no será vendida a un tercer interesado por alguno o alguno de los integrantes del Consejo General del Ieqroo.
El artículo 177 de la Ley Electoral obliga a quien ordene la publicación o difusión de cualquier encuesta o sondeo de opinión, a que debe entregar a la Junta General del Instituto, dentro de los tres días previos, un ejemplar del estudio completo realizado, y esa obligación fue cumplida cabalmente por el diario POR ESTO! de Quintana Roo; pero la observación de la ley fue traicionada abiertamente por el propio Consejo General del Ieqroo, de donde salió una copia de la encuesta para ser vendida a una publicación deportiva de Cancún, para que le diera uso propagandístico electoral a los resultados.
Conforme a la Ley Electoral, los medios de comunicación que publiquen o difundan sondeos o encuestas violando las disposiciones de ley previas, es decir, sin registrarse ni avisar tres días antes al Ieqroo sobre la publicación que hará, se pueden hacer acreedores a sanciones civiles y penales; pero maí±osamente el Instituto no ha regulado en sus lineamientos para la publicación de encuestas ni esos ni otro tipo de sanciones, dejando a los encuestadores al arbitrio del manejo corrupto que los miembros del Consejo General del Ieqroo hacen con los sondeos que se les entregan.
Inclusive, a inicios del mes, el propio Ieqroo difundió un comunicado seí±alando que cualquier empresa que pretenda difundir una encuesta durante las campaí±as, ”invariablemente deberá ser registrada ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, ya que de no hacerlo estaría vulnerando disposiciones normativas electorales».
Sin embargo, cuando es la propia autoridad electoral la que vende los resultados de una encuesta para que los difunda una publicación que no está registrada ante el Ieqroo para tal fin, la aplicación de la Ley Electoral es corrompida por el mismo árbitro que la debe hacer respetar, y el problema se agrava cuando el propósito fue dar uso indebido, como material propagandístico, a un estudio de opinión.
Por eso, el presidente del Ieqroo, Jorge Manríquez Centeno, ha quedado evidenciado por la descompuesta conducción del organismo electoral, que se acomoda al mejor postor, sin importar que se violen abiertamente las disposiciones de la Ley Electoral que formalmente está obligado a hacer valer y respetar en el proceso electoral de Quintana Roo.
Graciela Machuca
