Fiscalía quintanarroense incapaz de investigar desaparición de personas; familiares protestan en Cancún
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
Luego de las promesas al Congreso de Quintana Roo que atendería con profesionalismo y eficacia la procuración de justicia en la entidad, el fiscal Raciel López Salazar, no ha podido cumplir sus dichos, al menos, los resultados dicen lo contrario, porque la falta de agilidad en la integración de las carpetas de investigación y la inmovilidad de la mayoría de las investigaciones siguen fortaleciendo la impunidad y abren una puerta a la comisión de nuevos delitos.
Un sector de la población que ha sido víctima y testigo del burocratismo de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo son las madres de personas desaparecidas, quienes después de varias mesas de dialogo con personal de la Fiscalía se convencieron que no hay voluntad política, capacidad técnica, mucho menos presupuesto para investigar cada uno de los casos.
Después de darle el beneficio de la duda a López Salazar e integrarse a las mesas de trabajo que la dependencia puso en marcha, las madres buscadoras volvieron a manifestar su hartazgo ante el burocratismo institucional plagado de mentiras, negligencia y falta de resultados.
Este servidor público, cuando presentó sus credenciales de experto en procuración de justicia dijo que podría con el paquete en Quintana Roo, pero al parecer, su presentación y el paso en el servicio público por Chiapas, Puebla y en la Fiscalía General de la República (FGR), solo dejó resultados negativos y negocios personales, como lo dicen quienes cuestionan su desempeño en esas entidades y en el gobierno federal.
Una muestra de la inconformidad ciudadana con el trabajo de la Fiscalía es el hecho que el pasado 16 de septiembre, durante el desfile cívico que se desarrollaba por la Avenida Tulum en Cancún, un grupo de las denominadas madres buscadoras se integró al desfile lanzando consignas y con carteles para exigir justicia y la localización inmediata de sus familiares.
Lograron llegar hasta el templete donde se encontraban representantes de los tres niveles de gobierno, entre ellos, la presidenta municipal Ana Patricia Peralta, quien ofreció una mesa de dialogo, lo que demuestra que aún no ha entendido de que se trata la búsqueda de personas en Quintana Roo, principalmente en el municipio que dice gobernar.
Las madres buscadoras ya no quieren mas mesas de dialogo o trabajo, quienes que la autoridad de procuración de justicia hagan su trabajo que les mandata las constituciones federal y estatal y ella, como autoridad municipal responda con solo atender sus responsabilidades en materia de seguridad pública.
El objetivo principal de esta manifestación es que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo les de respuestas legales con enfoque de derechos humanos en torno a las investigaciones derivadas de denuncias por la desaparición y no localización de sus familiares y amigos, casos documentados, al menos, desde 2018, en la fiscalía estatal y de los cuales, fiscal viene y fiscal va y no tienen respuestas.
Hay que recordar que el Artículo Primero Constitucional dice: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
Por lo tanto, no solo basta decir que se respetarán los derechos humanos, sino que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos, pero en Quintana Roo, la fiscalía, no puede con su tarea de investigar.
Es urgente que el Congreso, actúe en consecuencia y le pida cuentas al fiscal sobre las condiciones en que encontró al organismo y que ha hecho para cumplir su plan de trabajo que presentó, de otra manera, el pueblo de Quintana Roo seguirá pagando las consecuencias de la inmovilidad institucional en materia de procuración de justicia.
El fiscal de Quintana Roo ha reconocido que trajo consigo a unas 30 personas de su equipo para sustituir a las que se fueron con el anterior fiscal, pero la pregunta sigue siendo la misma, en la entidad no hay personal capacitado que cubra esas plazas, ¿ya se hará ley que cada fiscal que llegue traiga a sus incondicionales que nada saben de cuál es la realidad de Quintana Roo?
Los casos personas desaparecidas en Quintana Roo también forman parte del bloque de expedientes que actualmente se revisan en Ginebra por un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual ha venido realizando una serie de observaciones al Estado mexicano, cuya representación de la 4T ha omitido dar respuesta.
El pasado 15 de septiembre se dio a conocer que el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED, por siglas en inglés) cuestionó a México sobre la causa del aumento de desapariciones en el país, especialmente de niñas, niños y adolescentes, y solicitó varias precisiones sobre el censo que ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Secretaría del Bienestar, a lo que la delegación mexicana evadió responder.
Familiares de personas desaparecidas en Quintana Roo se han sumado a las protestas nacionales, por las inconsistencias del nuevo censo de desaparecidos dado a conocer por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual se considera que tiene como finalidad manipular la realidad del fenómeno de desaparición de personas con fines electorales, un asunto que ha llegado al seno de la ONU y ahora el citado Comité pide a México una explicación al respecto. Sus representantes solo guardaron silencio.
Graciela Machuca
